El lunes 15 de abril concurrió a la Comisión de Cultura y las Artes de la Cámara de Diputados una delegación del Conar integrada por el Director Ejecutivo de la corporación, Ignacio Astete; el Secretario Ejecutivo, Rodrigo Nuñez; el director, Cristián García y el miembro del Tribunal de Ética, Humberto Díaz. El motivo de la visita fue exponer la opinión del Conar sobre el proyecto de ley que se tramita en esa sala y que busca modificar la ley N°18.838, que crea el Consejo Nacional de Televisión, y la ley N° 19.925, sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, para agregar regulaciones a la publicidad de bebidas alcohólicas.
En opinión del Conar, la publicidad de alcoholes está ya suficientemente regulada por la normativa legal la que por propia iniciativa de la industria de alcoholes es sometida además a un estricto sistema de autorregulación desde el Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria.
Durante su exposición, el Director Ejecutivo del Conar compartió con los parlamentarios integrantes de la sala, el Código Chileno de Ética Publicitaria y el Código de Autorregulación Publicitaria sectorial que acordó la propia industria de alcoholes de alta graduación. Agregó que es precisamente en el ámbito de la publicidad donde la ininterrumpida experiencia de autorregulación de la industria durante los últimos 30 años, con más de 1.100 casos resueltos y un 99% de acatamiento por los avisadores que han sido conminados a modificar sus mensajes publicitarios, ha demostrado su eficacia como modelo de cumplimiento y promoción de sanas prácticas acorde con las exigencias actuales de responsabilidad social.
Finalizó diciendo que siendo la publicidad una herramienta de comunicación llamada a orientar al público para que mediante la información que entrega, éste pueda adoptar mejores decisiones de consumo, no corresponde prohibir el acceso a este servicio orientador. “Si un producto se puede vender, entonces debe poder publicitarse. En el caso de alcoholes -señaló- corresponde restringir el acceso a la publicidad de los grupos vulnerables, lo que ya se está haciendo, pero en ningún caso prohibirla totalmente como pretende el proyecto de ley”.